JEP y UBPD hallan restos humanos en predio investigado por crímenes del conflicto armado en El Copey
Un equipo técnico de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el hallazgo de restos humanos y elementos asociados en la hacienda Bethania, ubicada en el municipio de El Copey, departamento del Cesar. Este avance se da en el marco de una medida cautelar sin precedentes emitida por la JEP para acceder a un predio privado, tras la negativa reiterada del propietario a permitir el ingreso.
La intervención forense, que se realizó en tres jornadas entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, empleó tecnologías arqueológicas e histológicas, y se centró en una zona de 22 metros cuadrados dentro de un terreno de más de 1.400 m². Según la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, los fragmentos óseos hallados podrían pertenecer a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano.
“La investigación humanitaria, de más de dos años, nos orientó a este sitio como un lugar clave. Fue necesaria una medida judicial para poder ingresar y confirmar lo que ya sabíamos por fuentes y testimonios”, explicó Forero. Añadió que el hallazgo incluye prendas de vestir y objetos asociados que actualmente están siendo analizados para establecer su origen e identidad.
Este procedimiento forma parte del Plan Regional de Búsqueda del Ariguaní y el Río Magdalena, que agrupa casos de más de 860 personas desaparecidas. La ubicación exacta fue posible gracias a la colaboración de una persona que participó directa o indirectamente en los hechos del conflicto, lo cual, según la directora de la UBPD, demuestra la importancia del enfoque restaurativo y participativo que orienta la labor de búsqueda.
De forma paralela, la magistrada Ana Caterina Heyck Puyana, en apoyo a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, compulsó copias a la fiscalía general de la Nación para investigar penalmente a cinco terceros civiles presuntamente involucrados en crímenes de lesa humanidad, incluidos desaparición forzada, tortura y homicidio de líderes indígenas del pueblo Arhuaco.
Entre los investigados se encuentra Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, propietario de la Hacienda Bethania, quien habría mantenido retenidos y torturado a los Mamos Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro, antes de su asesinato. Además, se investiga su presunta participación en la promoción de estructuras paramilitares que operaron desde su finca, y por su resistencia inicial a permitir la intervención forense.
También se compulsaron copias contra Alfonso Macías, Carlos Mattos, José Mattos y Wilson Ramírez (alias ‘Jhon Ramírez’). Este último, presunto jefe de seguridad de Macías, sería el autor material de los homicidios. La JEP también ordenó investigar si las propiedades de los mencionados fueron utilizadas para la comisión de estos crímenes y compulsó copias para su posible extinción de dominio.
La Sala reiteró la declaratoria de lesa humanidad para estos crímenes, ratificada previamente por la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía general. En el fallo se destacó que los asesinatos de los Mamos constituyen un ejemplo de violencia dirigida a quebrar la autonomía espiritual y política del Pueblo Arhuaco y de otros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“El asesinato de líderes espirituales indígenas fue sistemático y buscaba fracturar la cohesión de los pueblos que resistían al control de actores armados ilegales”, recordó el auto judicial, en línea con el capítulo étnico Resistir no es aguantar del Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Los resultados de esta intervención, inédita por su alcance judicial e impacto simbólico, serán ahora evaluados por la JEP en el marco del Caso 09, que investiga crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos en el conflicto armado colombiano.