A tres años del gobierno Petro, ¿qué le ha dejado al Cesar?
El próximo 7 de agosto se cumplen tres años desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia con la bandera del “cambio”. Su administración, cargada de promesas ambiciosas, ha dejado luces y sombras a lo largo del país. Pero, ¿qué tanto ha cambiado el departamento del Cesar bajo su mandato?
En el Cesar, el avance más significativo del gobierno Petro ha sido la entrega de tierras. Si bien no existe una cifra oficial consolidada, se estima que cerca de 9.500 hectáreas han sido adjudicadas a campesinos del departamento. Solo en noviembre de 2024 se entregaron 7.244 hectáreas en Chimichagua, y en mayo de 2025 otras 1.900 en La Gloria, beneficiando a familias históricamente afectadas por la violencia.
Este avance ha dado visibilidad a líderes como Alexandra Pineda, una de las figuras clave en los procesos de adjudicación de tierras, quien ya suena como aspirante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico.
El aumento en las transferencias monetarias a los sectores más vulnerables también es otro de los logros que el Gobierno destaca. Por ejemplo, en el programa Colombia Mayor, los adultos mayores de 80 años pasaron de recibir $80.000 a $230.000 mensuales.
Sin embargo, aunque los montos han subido, el impacto real en la reducción de la pobreza en el Cesar es cuestionable. Valledupar ocupa el segundo lugar entre las ciudades con mayor pobreza monetaria del país (49.8%), solo superada por Quibdó. Esta estadística pone en duda la efectividad de la política social en el territorio.
Otro aspecto positivo ha sido el fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas, especialmente los Kankuamos. Se han impulsado centros de armonización, un mausoleo de la memoria para víctimas de desaparición forzada, y casas de reconciliación. También se ha avanzado en normativas que promueven la autonomía territorial, como la controversial consulta cultural.
No obstante, la comunidad Yukpa sigue esperando una atención similar, lo que evidencia un trato desigual hacia los pueblos indígenas del departamento.
Uno de los aspectos más críticos del gobierno Petro en el Cesar ha sido la seguridad. Un informe de la Defensoría del Pueblo alerta sobre el fortalecimiento de grupos armados como el Clan del Golfo, los Pachenca, el ELN y las disidencias de las FARC en esta región.
La política de “paz total”, que busca diálogo incluso con grupos ilegales, ha sido vista por muchos como ambigua y permisiva. Mientras tanto, los crímenes aumentan. El caso más reciente: el presidente frenó la extradición de Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “La Muñeca”, cabecilla de los Pachenca, banda señalada de ordenar asesinatos en Valledupar y operar en amplias zonas de Cesar, La Guajira y Magdalena.
La política energética del gobierno, centrada en la descarbonización, ha golpeado duramente al Cesar, principal exportador de carbón del país. La transición energética no ha llegado con alternativas claras, frenando exploraciones y reduciendo regalías sin generar nuevos empleos ni proyectos públicos sustentables.
El parque solar de El Paso, aunque prometedor, es una iniciativa privada que nació en el gobierno anterior, y no hay indicios de proyectos similares en el corto plazo impulsados por el actual gobierno.
La ejecución presupuestal del gobierno Petro ha sido la más baja en dos décadas (81,9%), incluso por debajo del periodo de pandemia. Esta baja inversión ha repercutido en el Cesar con proyectos de infraestructura estancados, acueductos sin terminar, vías en mal estado y un agro abandonado.
Además, los constantes cambios ministeriales y escándalos de corrupción han generado desconfianza e inestabilidad. La crisis en el sistema de salud también ha empeorado, con EPS intervenidas que no han mejorado la atención y siguen generando quejas ciudadanas.
Otra promesa incumplida ha sido la reducción del costo de la energía en la Costa Caribe. Mientras se anuncia la liquidación de Afinia, su reemplazo, una empresa del grupo EPM llamada Atenea, aún genera incertidumbre sobre su verdadera capacidad para resolver los problemas estructurales del servicio.
A un año del final de su mandato, la gestión de Petro en el Cesar deja un sabor agridulce. Las entregas de tierras, los subsidios sociales y el apoyo a los pueblos indígenas son avances que no pueden negarse. Pero se ven opacados por una ola de inseguridad, pobreza creciente, desempleo por la transición energética, y una ausencia casi total de grandes obras de infraestructura.