26 de noviembre de 2025
Local

Empresas de servicios públicos se unen en Valledupar contra fraudes y conexiones

Las principales empresas de servicios públicos que operan en Valledupar firmaron el pacto ‘Unidos por la Legalidad’, una alianza estratégica que busca combatir el fraude, reducir las pérdidas por conexiones ilegales y mejorar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos

Afinia, Estiv, Gases del Caribe y Emdupar acordaron trabajar de forma conjunta con las autoridades locales, la Policía y la Fiscalía para enfrentar el delito de defraudación de fluidos y promover el respeto por la legalidad y la infraestructura pública.

Ricardo Arango, gerente de Afinia, advirtió que el 40% de la energía suministrada en el Cesar se pierde, lo que representa más de 750 mil millones de pesos al año. “La comunidad debe tomar conciencia. Las conexiones ilegales afectan a todos, provocan fallas, daños en la infraestructura y deterioran la calidad del servicio. No podemos seguir tolerando a los llamados varañeros”, expresó.

Desde Estiv, la empresa de alumbrado público, también se alertó sobre sectores específicos de la ciudad donde persisten conexiones irregulares. Su gerente, Ricardo Henríquez, señaló que las pérdidas ascienden a 500 millones de pesos, además de más de 70 denuncias penales activas. “Hemos detectado conexiones ilegales incluso en importantes avenidas como la Simón Bolívar. Este convenio nos permitirá actuar de manera más efectiva”, agregó.

Por su parte, Alfonso Orozco, gerente de Gases del Caribe, indicó que la empresa pierde anualmente más de 80.000 metros cúbicos de gas en el Cesar, lo que representa una afectación económica superior a 200 millones de pesos. “Esto no es solo un tema financiero, también es un llamado a la ciudadanía para que entienda la importancia de acceder a los servicios públicos dentro de la legalidad”, puntualizó.

Con la firma del pacto, las empresas buscan no solo articular acciones operativas, sino también impulsar campañas pedagógicas que fortalezcan la cultura ciudadana y promuevan el uso legal y responsable de los servicios públicos.

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