Gobierno reglamenta participación de 50% de las mujeres en cargos directivos
El Gobierno Nacional reglamentó la participación del 50% de las mujeres en cargos directivos y decisorios de la Rama Ejecutiva, tanto a nivel nacional como territorial, mediante el Decreto 0859 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y la directora de Función Pública, Mariella Barragán Beltrán.
La nueva normativa representa un aumento significativo en la participación femenina, que pasa del 30% al 50% de manera gradual. La implementación se realizará conforme vayan quedando vacantes los cargos del máximo nivel decisorio, hasta alcanzar la meta de paridad establecida.
En el nivel nacional, la medida aplica para posiciones como ministros, directores generales de departamentos administrativos, superintendentes, directores de agencias estatales, empresas industriales y comerciales, e institutos científicos y tecnológicos. Para las entidades territoriales, abarca cargos de secretarios de despacho, gerentes, directores y presidentes de establecimientos públicos.
El decreto también contempla otros niveles decisorios donde debe garantizarse el 50% de participación femenina. A nivel nacional incluye empleos de viceministros, subdirectores, secretarios generales, subgerentes, vicepresidentes de establecimientos públicos y directores técnicos. En el ámbito territorial se consideran subsecretarios, subgerentes, subdirectores y vicepresidentes de establecimientos públicos.
La norma establece que la aplicación será paulatina, ocupando las vacantes que se generen naturalmente en estos cargos, lo que permitiría una transición gradual hacia la paridad de género sin afectar la estabilidad de las instituciones públicas existentes.
Esta medida constituye lo que el Gobierno califica como «un hito» en la consolidación de la equidad e igualdad de género en la administración pública colombiana. La iniciativa busca incrementar la representación femenina en posiciones de liderazgo y toma de decisiones dentro del aparato estatal, tanto en el nivel central como en las regiones del país.
El decreto representa una de las políticas más ambiciosas en materia de paridad de género implementadas en Colombia, estableciendo un marco normativo claro para avanzar hacia una mayor participación de las mujeres en los espacios de poder público.