JEP emite sentencia sancionatoria contra exintegrantes del Batallón La Popa por 135 homicidios de civiles
La jurisdicción especial determinó que los crímenes cometidos entre 2002 y 2005 constituyeron asesinato y desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el pasado 18 de septiembre una sentencia sancionatoria contra 12 exintegrantes del Ejército Nacional por su responsabilidad en 135 asesinatos de civiles ejecutados entre 2002 y 2005 por el Batallón de Artillería N.º 2 La Popa, en el marco de la práctica conocida como «falsos positivos».
Según la sentencia, los responsables ya cumplieron penas privativas de la libertad de entre 5 y 8 años bajo modalidades de restricción, tras aceptar su responsabilidad y aportar verdad plena. Ahora iniciarán la fase restaurativa de la sanción.
Caracterización de los crímenes
La JEP documentó 77 hechos delictivos en los que se produjeron 135 homicidios. La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes entre 18 y 34 años, algunos menores de edad, campesinos, desempleados e indígenas de los pueblos Wiwa y Kankuamo.
El tribunal determinó que «los asesinatos y desapariciones presentados como muertes en combate no fueron eventos aislados, sino parte de una práctica sistemática y generalizada». Las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente y sus cuerpos alterados con armas sembradas para simular enfrentamientos.
Víctimas identificadas
La sentencia incluye el listado completo de las 135 víctimas, entre las que se encuentran Jesús Emilio Márquez Gutiérrez, Anuar de Armas Rincones, José Miguel Palacio Torres, Álvaro César Olivera Granados, y más de un centenar de nombres adicionales que fueron leídos durante la audiencia.
La JEP logró identificar a varias víctimas que inicialmente figuraban como no identificadas (NN) con apoyo de la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aunque al momento de la sentencia aún quedaban algunas víctimas por identificar.
Contexto institucional
La sentencia hace referencia al contexto político del período 2002-2005, durante la implementación de la Política de Seguridad Democrática. El documento señala que esta política «incluyó como eje central la creación de redes de informantes, cooperantes y frentes locales de seguridad» y que ofrecía recompensas económicas por información o bajas.
Sanciones y reparaciones
Los condenados deberán ejecutar proyectos de reparación colectiva, incluyendo la construcción de un mausoleo conmemorativo en el cementerio Ecce Homo de Valledupar, obras en territorio indígena Kankuamo, actos de memoria y trabajo comunitario.
La JEP justificó las penas en el marco del sistema transicional de justicia establecido en el Acuerdo de Paz de 2016, que prioriza verdad, reparación y no repetición.
Precedente jurídico
El caso La Popa constituye la primera vez que un tribunal colombiano reconoce formalmente un patrón criminal sistemático dentro del Ejército para asesinar civiles, con participación de altos mandos y bajo presiones institucionales.
La magistrada relatora del caso indicó que se pudo constatar «la magnitud de una criminalidad que tuvo un alcance nacional, con repercusiones en miles de víctimas».
Durante las audiencias, familiares de las víctimas expresaron el impacto duradero de los crímenes. «Llevo 21 años de luto, porque mi luto no ha podido cesar», declaró uno de los familiares ante el tribunal.