Proyecto de ley busca poner fin al negocio de las fotomultas en Valledupar y el resto del país
El Representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero Ovalle cumplió su promesa y radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 442 del 22 de octubre de 2025, una iniciativa que busca poner fin al negocio privado de las fotodetecciones y fotomultas en el país.
La propuesta legislativa, titulada “Por medio de la cual se establecen disposiciones para la regulación, operación y control de los sistemas tecnológicos de detección de infracciones de tránsito, y se modifican la Ley 769 de 2002 y la Ley 1843 de 2017”, pretende devolver al Estado el control total sobre estos mecanismos y eliminar la participación privada en la imposición y cobro de sanciones.
“Con este proyecto ponemos en orden un sistema que se desvió de su propósito preventivo y se convirtió en un negocio. Las sanciones deben servir a la seguridad vial, no a la rentabilidad privada. El Estado recupera el control y los ciudadanos recuperan la confianza”, afirmó el congresista Quintero Ovalle.
El Proyecto de Ley 442 establece un nuevo marco de operación para los sistemas de fotodetección, con el objetivo de garantizar transparencia, legalidad y una función preventiva de las sanciones de tránsito.
Entre sus principales disposiciones se incluyen:
• Duración máxima de 10 años para los contratos, sin prórroga automática.
• Control exclusivo del Estado en la imposición, validación y cobro de multas; los privados solo podrán brindar apoyo técnico o logístico.
• Prohibición de empresas mixtas con mayoría privada y límite de 10 % de utilidad máxima sobre el recaudo total.
• Identificación plena del conductor como requisito indispensable para validar una infracción.
• Publicación obligatoria de certificados de calibración, ubicación y tipo de infracción.
• Prohibición de sancionar cuando exista duda técnica, interferencia o registros dentro del margen de error permitido.
Estas reglas aplicarán en todo el territorio nacional. En el caso de Valledupar, la empresa SECA Smart City S.A.S. tendrá un plazo de seis meses después de reglamentada la ley para ajustar sus contratos, equipos y procedimientos. Si no cumple con las nuevas disposiciones, sus autorizaciones perderán validez automáticamente, y los sistemas deberán suspenderse hasta obtener una nueva certificación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Con esta iniciativa, el representante Quintero Ovalle busca acabar con los abusos del sistema actual y garantizar un modelo más justo y controlado por el Estado, que priorice la seguridad vial y la confianza ciudadana sobre el interés económico.
“La tecnología debe estar al servicio de la vida y la movilidad segura, no del negocio. Este proyecto marca el inicio del fin de las fotomultas injustas en Colombia”, concluyó el congresista.