Contraloría advierte déficit de $101.858 millones para reparación a víctimas de la JEP
La implementación de las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta un desfinanciamiento del 83.6% para 2026, según informe oficial.
La Contraloría General de la República reveló serias dificultades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debido a la falta de recursos económicos para reparar a las víctimas del conflicto armado.
Según el seguimiento realizado por la Delegada para el Sector Justicia, el componente restaurativo y reparador de las sentencias requiere $121.858 millones de pesos, pero para 2026 solo se cuenta con $20.000 millones, lo que representa apenas el 16.4% del monto necesario.
El faltante de $101.858 millones corresponde únicamente a las dos primeras sentencias de la JEP, sin contabilizar las decisiones judiciales que puedan producirse en el futuro.
Incumplimientos en la entrega de bienes
La Contraloría también identificó inconsistencias entre los bienes que las FARC-EP se comprometieron a entregar en el marco del Acuerdo de Paz y lo efectivamente recibido por el Estado colombiano.
De los recursos monetarios comprometidos, solo se monetizaron USD 448.500 dólares, después de descubrir que USD 1.500 eran falsos. Además, persisten incumplimientos en la entrega de bienes inmuebles y otros activos destinados a la reparación de víctimas.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.) fue designada como administradora del patrimonio autónomo encargado de estos bienes, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) actúa como beneficiaria.
Riesgo para el derecho a la reparación
El ente de control advirtió que estos incumplimientos ponen en riesgo el derecho fundamental a la reparación de las víctimas y podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado colombiano.
«Los incumplimientos relacionados comprometen la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación», señala el comunicado de la Contraloría, que además cuestiona la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición.
Las sentencias analizadas corresponden a los casos TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-ST-No.002 de 2025, emitidas por la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento de la JEP.
El organismo de control instó a las partes involucradas a cumplir los acuerdos suscritos y, especialmente, a proveer los recursos necesarios para reparar a la población afectada por el conflicto armado.