Gerente del Hospital Rosario Pumarejo rechaza señalamientos de politización y uso de recursos para campañas
El Agente Especial Interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López Anselmo José Hoyos, quien lleva aproximadamente dos meses en el cargo, rechazó categóricamente los rumores que señalan al centro asistencial como un «fortín político» utilizado para extraer recursos destinados a campañas electorales.
«Eso es totalmente falso, eso es infundado, yo no sé de dónde salen esas informaciones», afirmó el directivo durante una entrevista, agregando que los señalamientos obedecen a «intereses políticos» de personas que podrían estar «lastimadas» por decisiones administrativas.
El gerente desafió a quienes realizan estas acusaciones a presentar pruebas y denuncias formales, manifestando que la administración ha operado «con transparencia» y que «no hay nada que ocultar».
Visita del Ministerio de Salud
Las declaraciones del gerente se dieron un día después de finalizar una visita de supervisión del Ministerio de Salud, que según el directivo, concluyó con resultados favorables para la institución. Los funcionarios del ministerio habrían calificado al hospital como «uno de los mejores del país» y destacaron su «franca recuperación» tras el proceso de intervención.
Durante el recorrido, el personal del hospital proporcionó toda la información solicitada, y los visitantes se retiraron «complacidos» con la situación actual del centro asistencial, según el reporte del gerente.
Mejoras salariales implementadas
Entre las acciones recientes de la administración se encuentra un ajuste salarial para el personal vinculado mediante contratos temporales. El hospital cuenta con una nómina de 155 personas, de las cuales 75 pertenecen a la denominada «nómina de formalización temporal».
Estos trabajadores recibían salarios inferiores al mínimo legal vigente. Tras el incremento del 23.7% del salario mínimo para 2026, la gerencia implementó un acto administrativo para ajustar los ingresos y garantizar remuneraciones acordes con la normatividad nacional.
Adicionalmente, el personal vinculado por Orden de Prestación de Servicios (OPS) recibió incrementos proporcionales. Algunos funcionarios que trabajaban como técnicos pero actualmente cuentan con formación profesional fueron reclasificados y sus honorarios ajustados en consecuencia.
El gerente reconoció que los salarios en el hospital eran «muy bajos» comparados con otras instituciones similares donde ha trabajado, y manifestó estar en conversaciones con la función pública para reestructurar la planta de personal.
Controversia con la Asamblea Departamental
El directivo también se refirió a la tensión generada con el presidente de la Asamblea Departamental del Cesar, quien ha manifestado molestia por invitaciones no atendidas. El gerente aclaró que el hospital, al estar bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, no es sujeto de control político por parte de la corporación.
«A la superintendencia no se le puede hacer a su agente interventor una citación de control político porque nosotros no somos sujetos de control político», explicó. Sin embargo, manifestó su disposición a asistir a la Asamblea mediante invitación para presentar un informe sobre la situación institucional, pero no en el marco de un debate de control político.
El gerente indicó que ya se respondió un cuestionario enviado por la Asamblea y reiteró su apertura al diálogo, siempre que se respete la naturaleza jurídica de la intervención.
Contexto financiero según revisor fiscal
Por otra parte, el revisor fiscal del hospital ofreció un panorama de la evolución financiera de la institución desde el inicio de la intervención. En 2021, el hospital registró pérdidas por 81.000 millones de pesos, facturando mensualmente 1.200 millones pero recaudando solo 300 millones, mientras la nómina de costo fijo ascendía a 4.000 millones mensuales.
Según indicó, «actualmente, el hospital factura entre 17.000 y 18.000 millones de pesos mensuales y recauda alrededor de 12.000 a 13.000 millones. Para el cierre de 2025, se proyecta un excedente cercano a 40.000 millones de pesos, marcando una recuperación progresiva tras años de déficit».
Agregó que, «El pasivo institucional, que alcanzó 122.000 millones de pesos al inicio de la intervención, se ha reducido a aproximadamente 70.000 u 80.000 millones. Sin embargo, el revisor fiscal advirtió que mientras persista el pasivo por sentencias judiciales, estimado en cerca de 60.000 millones, no es viable terminar la intervención, ya que los embargos que actualmente están suspendidos podrían paralizar la operación del hospital».
La cartera por cobrar a las EPS supera los 190.000 millones de pesos, de los cuales más de 60.000 millones tienen más de 360 días de vencimiento. A pesar de esta situación, el hospital mantiene sus pagos al día con empleados y contratistas, a diferencia de otras instituciones del país que enfrentan crisis de liquidez.