Entre los principales logros se encuentran el inicio de la construcción de 200 viviendas para firmantes del Acuerdo de Paz en el ETCR Pondores, en La Guajira, mediante una inversión superior a los 28 mil millones de pesos gestionada junto al Ministerio de Vivienda. Asimismo, fue culminada la planta de energía solar financiada por el Gobierno de Corea del Sur, con una inversión de 8,5 millones de dólares, que suministrará energía limpia a las viviendas y proyectos productivos de la comunidad.

La coordinadora del Grupo Territorial Cesar-La Guajira de la ARN, Ana María Ferrer Arroyo, destacó además la firma de convenios para construir las vías de acceso a los ETCR Tierra Grata, en Cesar, y Pondores, en La Guajira, en articulación con la Agencia de Renovación del Territorio, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Fonseca.

Durante 2025, la entidad también fortaleció proyectos productivos y de emprendimiento con recursos de cooperación nacional e internacional. Se destinaron más de 8.000 millones de pesos en beneficios económicos para firmantes del Acuerdo de Paz, además de inversiones en iniciativas de periodismo comunitario, protección ambiental, asistencia técnica agropecuaria y el fortalecimiento de emprendimientos como el Minimercado D’Todas, en el corregimiento de Conejo.

Otro de los hechos destacados fue la realización en Valledupar del primer acto restaurativo con comparecientes de la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que 15 exintegrantes de las Fuerzas Militares reconocieron su responsabilidad frente a nueve víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en un ejercicio de verdad, reparación simbólica y reconciliación.

La ARN señaló que, aunque los resultados son positivos, persisten desafíos como garantizar el acceso a la tierra y la vivienda para los firmantes que aún no cuentan con estos beneficios, así como asegurar la continuidad de los proyectos productivos y del proceso de reincorporación.

Actualmente, el Grupo Territorial Cesar-La Guajira atiende a 734 personas, de las cuales 540 corresponden a firmantes del Acuerdo de Paz que continúan su proceso de reincorporación a la vida civil.

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De acuerdo con las autoridades, este fortalecimiento busca incrementar las capacidades operativas y preventivas para combatir delitos de alto impacto como el homicidio, las lesiones personales y el hurto a personas, especialmente en sectores priorizados de las comunas 4 y 5 de la capital del Cesar.

La UNIPOL, considerada una unidad élite de la Policía Nacional, desarrollará patrullajes de alta visibilidad, operaciones focalizadas y acciones de control en zonas identificadas por su comportamiento delictivo. Entre los barrios priorizados se encuentran La Nevada, Brisas de La Popa, Los Ranchanchanes, 450 Años, Singapur, el sector de Nando Marín y Altos de Pimienta.

A este esfuerzo se suman 35 uniformados que prestarán servicio permanente en la ciudad, de los cuales 16 son mujeres policías recién egresadas y 19 fueron trasladados desde otras unidades del país. Su labor estará enfocada en fortalecer las acciones operativas, preventivas y de acercamiento con la comunidad.

Con esta incorporación, el pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Valledupar alcanza los 1.853 uniformados, lo que representa un incremento del 54 % respecto a la cifra con la que inició esta unidad policial.

Para apoyar las labores de vigilancia y reacción, el nuevo componente contará con ocho motocicletas y dos vehículos institucionales, lo que permitirá ampliar los patrullajes, mejorar la movilidad operativa y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, destacó que este refuerzo permitirá aumentar la presencia institucional en las calles y mejorar la capacidad para enfrentar los delitos que más afectan a la comunidad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, mediante estrategias integrales orientadas a brindar mayor tranquilidad a los habitantes de Valledupar.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado decidió mantener la suspensión provisional de la elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar – UPC, al negar los recursos presentados por el demandado, el Consejo Superior Universitario y otros intervinientes dentro del proceso electoral.

La corporación concluyó que, por ahora, persisten dudas jurídicas sobre el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para ocupar la Rectoría: acreditar cinco años de experiencia académica en educación superior.

La controversia gira alrededor de la forma en que fue contabilizada la experiencia presentada por Echavarría Gil durante el proceso de selección. Según la demanda, parte del tiempo utilizado para completar el requisito corresponde a labores desarrolladas en Uparsistem S.A.S., una empresa que no tiene la condición de institución de educación superior.

En la decisión, el Consejo de Estado reiteró que la discusión no se limita a la presentación de documentos, sino a determinar si la experiencia acreditada cumplía realmente con las exigencias establecidas en los reglamentos de la universidad para aspirar al cargo.

Los magistrados también insistieron en que las normas internas de la UPC establecen que los requisitos debían demostrarse desde el momento de la inscripción mediante los soportes correspondientes, y no en etapas posteriores del proceso electoral.

La defensa de Echavarría Gil sostuvo que la experiencia podía valorarse hasta diciembre de 2025 y que la interpretación realizada por el Tribunal de Garantías Electorales era la misma que se había aplicado durante varios años en la institución. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que esos argumentos no son suficientes para levantar la medida cautelar mientras se define el fondo del litigio.

Asimismo, la corporación descartó que la suspensión implique una decisión definitiva sobre la legalidad de la elección. El proceso continuará hasta que se profiera sentencia, momento en el que se determinará si el acto de elección se ajustó o no a las normas que regulan la designación del rector.

Mientras tanto, la suspensión provisional seguirá vigente, por lo que Guillermo Andrés Echavarría Gil no podrá ejercer las funciones de rector de la Universidad Popular del Cesar hasta que exista una decisión judicial definitiva.

La decisión genera un nuevo capítulo en la controversia jurídica que rodea la elección rectoral de la UPC, uno de los procesos institucionales más debatidos en la historia reciente de la universidad.

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Durante una reunión liderada por el alcalde Ernesto Orozco Durán, participaron más de 15 propietarios de tiendas junto a delegados de la Policía Metropolitana, Gaula, Sijin, Fenalco Cesar y Undeco, con el propósito de establecer estrategias conjuntas que permitan proteger a los comerciantes.

En el encuentro se socializaron programas como ‘Comercio Seguro’ y ‘Plan Rumba Segura’, enfocados en orientar a los comerciantes sobre rutas de atención y denuncia ante casos de extorsión, utilizando líneas como el 123 de la Policía Nacional, 147 del Gaula Militar y 165 del Gaula de la Policía.

El mandatario anunció la implementación de un plan de choque articulado con las autoridades para reforzar la prevención, judicialización y capturas frente a estos delitos. Además, se planteó la integración de cámaras privadas al sistema de monitoreo y el mejoramiento de la iluminación en sectores comerciales.

Entre los acuerdos alcanzados también se estableció la creación de una mesa de trabajo permanente para hacer seguimiento a las estrategias de seguridad y mantener comunicación directa entre comerciantes y autoridades.

Las autoridades informaron que se intensificarán las visitas institucionales en barrios priorizados como Ciudadela 450 Años, Siete de Agosto y Populandia, reiterando el llamado a denunciar cualquier caso de extorsión.

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La administración del Centro Comercial Unicentro Valledupar expresó su inconformidad frente a la instalación de palcos sobre la carrera novena, en el marco de los Desfiles de Piloneras del Festival Vallenato 2026, señalando que estas acciones se realizaron sin comunicación previa, sin socialización y sin la presentación de un plan de contingencia.

De acuerdo con el pronunciamiento, la ubicación de estas estructuras ha generado afectaciones directas a la fachada, al ingreso principal y a las vías de acceso vehicular del centro comercial, además del cierre de vías aledañas durante cuatro días, lo que impacta negativamente la operación de comerciantes y negocios del sector.

También advirtió sobre posibles congestiones, maniobras en contravía y un “cuello de botella” en el acceso al parqueadero, lo que podría afectar tanto a usuarios como a residentes de la zona.

Aunque Unicentro Valledupar reiteró su respaldo a las tradiciones culturales del Festival Vallenato, indicó que en esta versión no se tuvieron en cuenta las condiciones reales de movilidad ni la situación del comercio formal, especialmente en una temporada clave para la economía local.

Finalmente, hicieron un llamado a entidades como la Cámara de Comercio de Valledupar y Fenalco para que se pronuncien ante lo que consideran una afectación significativa al sector comercial, y reiteraron su disposición al diálogo con autoridades y organizadores.

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En la ciudad de Valledupar se llevaron a cabo jornadas de entrega digna de los restos de Gloria Patricia Grajales Vanegas y Edwin Rafael Sarmiento Molina, víctimas de homicidio y desaparición forzada en hechos atribuidos a estructuras del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las diligencias se desarrollaron en el auditorio del Archivo Departamental y contaron con la participación de entidades judiciales, organismos de atención a víctimas y representantes de la Gobernación del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Paz.

El proceso fue liderado por la Fiscalía General de la Nación, mediante el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con apoyo del CTI, la Unidad para las Víctimas y otras instituciones vinculadas al acompañamiento psicosocial, jurídico y forense.

Durante las jornadas, magistrados de Justicia y Paz explicaron que estos actos hacen parte de las medidas de reparación integral contempladas dentro de los procesos judiciales relacionados con hechos ocurridos en Valledupar, Bosconia y otros sectores del Cesar durante el conflicto armado.

Carlos Andrés Pérez Alarcón, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, señaló que estos espacios buscan aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y permitir que los responsables entreguen información sobre los hechos ocurridos.

Por su parte, el magistrado José Haxel De La Pava Marulanda indicó que varias de las víctimas fueron señaladas sin pruebas de tener vínculos con grupos armados, situación que dejó graves afectaciones en numerosas familias campesinas y de escasos recursos en la región.

La Oficina Asesora de Paz del Cesar destacó que el acompañamiento institucional busca respaldar a las familias durante el proceso de duelo y contribuir a las garantías de verdad, justicia y no repetición.

Según información entregada durante las diligencias, Gloria Patricia Grajales Vanegas fue desaparecida el 27 de abril de 2002 en el municipio de Bosconia, mientras que Edwin Rafael Sarmiento Molina desapareció el 11 de mayo de 2004 en Valledupar, cuando prestaba servicio militar. Sus restos fueron hallados posteriormente en el corregimiento de La Victoria de San Isidro, en jurisdicción de La Jagua de Ibirico.

Los familiares de las víctimas solicitaron que los responsables continúen respondiendo ante la justicia dentro de los procesos de Justicia y Paz.

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Una demanda presentada ante la Corte Constitucional de Colombia podría cambiar la duración de la licencia de maternidad en el país, pasando de las actuales 18 semanas a 27 semanas (seis meses).

El recurso fue interpuesto por el abogado Diego López Palomo, quien argumenta que el tiempo vigente, establecido en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia,  resulta insuficiente frente a los estándares internacionales. Según expone, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan al menos seis meses de lactancia materna exclusiva, lo que no se garantiza con la normativa actual.

El demandante sostiene que la legislación, vigente desde 1950, no refleja los avances sociales ni científicos en materia de protección a la niñez y a la maternidad. En ese sentido, considera que limitar la licencia vulnera derechos fundamentales del menor, contemplados en la Constitución Política de Colombia, especialmente en lo relacionado con su bienestar integral.

De ser acogida la demanda, la Corte podría ordenar la modificación del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, ampliando así el periodo de descanso remunerado para las madres tras el nacimiento de sus hijos.

Este debate se suma a una decisión reciente del alto tribunal, que marcó un precedente al reconocer la posibilidad de otorgar doble licencia de maternidad en parejas del mismo sexo, garantizando condiciones de igualdad en el cuidado del recién nacido.

En ese caso, liderado por la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Corte concluyó que el Estado debe adaptarse a las diversas formas de familia y evitar decisiones que perpetúen desigualdades.

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A las afueras de Medicina Legal en Valledupar, el padre de Eduardo Antonio Medina Camargo, taxista capturado por su presunta participación en el homicidio de alias ‘Mono’ Estrada, aseguró que su hijo es inocente y pidió a las autoridades esclarecer los hechos para evitar “una injusticia”.

De acuerdo con las autoridades, Medina Camargo sería supuesto coautor del crimen ocurrido en el barrio La Granja, al haber transportado al responsable del asesinato durante el robo de una cadena. Por este caso, será judicializado en las próximas horas por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, su padre rechazó las acusaciones y afirmó que el joven se encontraba trabajando como taxista el día de los hechos. “Mi hijo hizo una carrera, luego llevó otra hacia La Nevada y cuando regresaba fue capturado. Él estaba era ganándose el pan”, explicó.

También cuestionó las pruebas en su contra, especialmente el hallazgo de munición en el vehículo. “Él no portaba ninguna clase de arma. Dicen que le aparecieron unas balas en el carro, pero él no tenía nada, él estaba sano”, aseguró.

El hombre agregó que su hijo no conocía al presunto autor material del crimen y que simplemente recogió pasajeros en su labor diaria. Además, insistió en que el joven padece anemia falciforme, condición que —según dijo— lo mantiene en constantes controles médicos.

En medio de su declaración, hizo un llamado a las autoridades para que profundicen en la investigación. “Que averigüen bien, que busquen pruebas. No pueden, por ir más rápido, meter a un inocente”, expresó.

El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, que avanzan en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad de los implicados en este hecho que ha generado conmoción en la capital del Cesar.

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La reaparición de alias ‘Naín’, también conocido como ‘El Bendito Menor’, volvió a encender las alertas de seguridad en la región Caribe. En un video difundido en redes sociales en las últimas horas, el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) aparece movilizándose en motocicleta por zonas de La Guajira, acompañado de su pareja sentimental, alias ‘La Bebecita’.

En uno de los fragmentos, el hombre lanza un mensaje en tono desafiante: “Mil millones dando vuelta, relajadito, para que digan que es con IA”, en aparente referencia a la recompensa ofrecida por información que permita su captura y a versiones que cuestionaban la autenticidad de imágenes previas sobre su paradero.

El material audiovisual ya está siendo analizado por las autoridades, que mantienen operativos activos para ubicarlo. Su reaparición ocurre en medio de una fuerte presión de la Fuerza Pública, lo que reaviva interrogantes sobre la efectividad del cerco desplegado en la región.

En las grabaciones también se observa a su compañera sentimental, cuya situación había sido objeto de versiones sobre posibles afectaciones en medio de operativos militares meses atrás. Su presencia confirmaría que permanece junto al señalado cabecilla.

Alias ‘Naín’, de 26 años, figura actualmente en el cartel de los más buscados del país. De acuerdo con las autoridades, es señalado de participar en homicidios, secuestros y acciones de intimidación que han generado temor en varias zonas del Caribe colombiano.

Desde Baranoa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió públicamente al caso, lanzando un mensaje directo: la única opción es su entrega. “Será capturado y llevado ante la justicia”, advirtió, reiterando que no habrá tregua en su persecución.

Sobre el presunto criminal pesa una recompensa de hasta 500 millones de pesos, reflejo de la prioridad que representa su captura para el Estado.

Las autoridades señalan que su ascenso dentro de las ACSN ha sido rápido, pasando de sicario a cabecilla con capacidad de mando. Además, destacan el uso estratégico de redes sociales como herramienta de intimidación y posicionamiento, combinando acciones violentas en el territorio con una constante exposición digital.

Actualmente, es considerado uno de los principales responsables de la expansión de esta estructura criminal en La Guajira y otras zonas del Caribe.

La Fuerza Pública mantiene la ofensiva en marcha y reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita su ubicación y captura.

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Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, se pronunció tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la absolución de Laura Moreno por los hechos ocurridos el 31 de octubre de 2010 en Bogotá.

El alto tribunal respaldó el fallo emitido en 2021, al considerar que la Fiscalía General de la Nación no presentó pruebas concluyentes ni logró establecer un móvil claro que vinculara a Moreno con el presunto homicidio, además de no identificar a los autores materiales.

Tras conocerse la decisión, Jorge Colmenares publicó una carta en sus redes sociales en la que expresó el dolor que ha marcado a su familia durante más de 16 años.

“Han sido días, meses y años difíciles, marcados por el dolor, la incertidumbre y una ausencia que nunca deja de sentirse. Hoy solo puedo decir que confío en la justicia, en que sabrá estar a la altura de la verdad y de lo que mi familia merece”, escribió.

En el mensaje, también recordó a su hermano y destacó sus cualidades:

“A mi hermano… te recuerdo como eras; noble, alegre, una persona increíble que dejó huella en todos los que tuvimos la fortuna de conocerte. Tu ausencia duele todos los días, pero también nos da fuerza para seguir adelante y no rendirnos”.

Finalmente, dejó claro que la familia continuará en la búsqueda de justicia y que acudirá a todas las instancias legales disponibles.

“Hoy no es solo un fallo. Es un paso en la búsqueda de paz, No habrá impunidad”, concluyó.

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