La Tramacúa recibirá a peligrosos cabecillas: Gobierno ordena traslado de presos de alto perfil al Cesar
La cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, será uno de los establecimientos penitenciarios que recibirá a internos considerados de alto perfil, en el marco de una operación de traslados ordenada por el Gobierno Nacional para reforzar el control y la seguridad en las cárceles del país.
La operación, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), contempla el traslado de 117 presos vinculados a distintos procesos de negociación de paz y relacionados con estructuras criminales. De este grupo, 103 internos fueron trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí hacia diferentes centros penitenciarios.
Entre los reclusos trasladados figuran reconocidos cabecillas como alias Douglas, Carlos Pesebre y El Indio, quienes fueron redistribuidos en establecimientos ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
La llegada de algunos de estos internos a La Tramacúa genera especial atención en el Cesar, debido al carácter de máxima seguridad del establecimiento penitenciario y a los antecedentes de varios de los reclusos trasladados.
La medida también está relacionada con el denominado ‘tarimazo’, ocurrido en junio de 2025, cuando varios internos salieron temporalmente de prisión para participar en un evento público y político en el que acompañaron al entonces presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, los movimientos penitenciarios hacen parte de una estrategia para impedir que las estructuras criminales mantengan capacidad de coordinación y operación desde las cárceles, al tiempo que se busca recuperar el control permanente de los establecimientos.
En una operación paralela, Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada desde la Estación de Carabineros de Bogotá hacia la cárcel Picaleña, en Ibagué, donde continuará cumpliendo su condena.
Con estos traslados, las autoridades buscan fortalecer los controles internos y reducir la posibilidad de que personas privadas de la libertad continúen ejerciendo influencia sobre organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.