Alcalde de Valledupar solicita informe por cuestionamientos a venta de bienes municipales
Ernesto Orozco se refirió al caso desde Valencia de Jesús y anunció que pidió revisar la documentación de la operación. La venta de vehículos y maquinaria por $31 millones es objeto de cuestionamientos por parte de César Ahumada y el abogado Jhon Díaz Carpio.
El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, anunció que solicitó información detallada sobre la venta de varios bienes del municipio, luego de que surgieran cuestionamientos públicos por el monto de la operación y los valores asignados a los activos.
El mandatario se refirió al caso desde el corregimiento de Valencia de Jesús, donde indicó que pidió conocer los detalles del procedimiento y que las autoridades competentes deberán establecer si la actuación administrativa se desarrolló conforme a la ley.
La controversia gira en torno a la enajenación de 33 bienes municipales por un valor reportado de $31 millones, entre los que figuran vehículos, motocicletas y equipos utilizados en labores operativas.
Los cuestionamientos fueron planteados por el líder social César Ahumada y el abogado Jhon Díaz Carpio, quienes piden aclaraciones sobre la valoración de los elementos incluidos en la negociación.
Los valores que generan interrogantes
Entre los bienes mencionados se encuentran una excavadora, una retroexcavadora, una motoniveladora, camionetas de las marcas Toyota y Nissan, así como 15 motocicletas.
Uno de los activos que ha centrado la atención es una camioneta Toyota Prado TXL modelo 2013, cuyo precio de venta, según la información divulgada por los denunciantes, habría sido de $2,5 millones.
Carpio ha cuestionado la diferencia entre el valor total de la operación y una estimación de referencia que ubicaría los bienes en aproximadamente $3.072 millones. La comparación ha motivado solicitudes para que se expliquen los criterios técnicos utilizados para establecer el precio de los activos.
Sin embargo, para determinar si existió una diferencia injustificada, es necesario examinar los avalúos, las condiciones de los equipos, su estado al momento de la venta y las reglas aplicables al procedimiento.
¿Qué explica la administración municipal?
Desde la Alcaldía se ha defendido la metodología empleada. El secretario general del municipio, Eudes José Orozco, explicó que los precios se calcularon con base en un avalúo y en el valor residual de los bienes, teniendo en cuenta que los equipos habían sido retirados del servicio y presentaban condiciones que dificultaban su aseguramiento.
Esta explicación constituye la posición de la administración frente a los cuestionamientos. La documentación del proceso será fundamental para establecer si los criterios aplicados correspondían a las condiciones reales de los activos y a las exigencias legales.
Las autoridades deberán esclarecer el caso
La controversia también es objeto de actuaciones preliminares de la Fiscalía en el Cesar, orientadas a verificar la información relacionada con la operación.
Por ahora, las denuncias no constituyen una determinación definitiva sobre la existencia de irregularidades. Corresponde a las autoridades examinar los documentos, establecer cómo se fijaron los precios y determinar si hay motivos para atribuir responsabilidades.
Con la solicitud de información anunciada por el alcalde, el caso entra en una etapa en la que la revisión documental será determinante para aclarar las dudas sobre la venta de los bienes públicos.
El resultado de esas verificaciones permitirá conocer si el procedimiento se ajustó a la normativa y si la administración municipal actuó conforme a sus obligaciones en el manejo del patrimonio público.