Juez ordena preservar obras retiradas del Museo Nacional y exige explicaciones al Gobierno
El retiro de decenas de piezas del Museo Nacional de Colombia llegó a los estrados judiciales. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó conservar los elementos desmontados de las salas de exposición y exigió un informe detallado sobre lo ocurrido, en medio de la controversia por obras relacionadas con la memoria histórica, el feminismo, las comunidades LGBTIQ+ y el conflicto armado.
La medida provisional, firmada por el juez César Enrique Osorio, establece que las piezas deben permanecer bajo condiciones adecuadas de custodia y conservación mientras se estudia de fondo una acción de tutela presentada contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional.
El despacho prohibió destruir, alterar, trasladar fuera de las instalaciones o devolver a terceros los elementos retirados. También ordenó abstenerse de desmontar o intervenir otras piezas por razón de su contenido sin que existan actos administrativos que sustenten esas decisiones.
Entre los elementos desmontados hay afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, una bandera del orgullo LGBTIQ+, publicaciones feministas, una copia de la Séptima Papeleta y el denominado Balígrafo, relacionado con la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
El retiro se conoció el 15 de octubre y afectó exposiciones como Hacer sociedad y Memoria y nación. La medida generó manifestaciones frente al museo durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, con participación de colectivos sociales, activistas y ciudadanos que cuestionaron la decisión.
La posición del Gobierno y las reacciones
La ministra de las Culturas, Paola Holguín, defendió la revisión de los contenidos museográficos y sostuvo que los museos públicos no deben utilizarse como instrumentos de adoctrinamiento político. También afirmó que el Gobierno busca revisar la curaduría de los museos bajo su responsabilidad.
En contraste, representantes de sectores culturales y colectivos sociales han cuestionado la forma en que se retiraron las piezas y han pedido explicaciones sobre los criterios utilizados. La discusión se centra en la representación de distintas experiencias históricas, la autonomía curatorial y la libertad de expresión artística.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
El juzgado solicitó que se identifique cada pieza retirada, su ubicación actual, su estado de conservación y la dependencia que ordenó desmontarla. También pidió información sobre los actos administrativos que respaldaron la decisión y ordenó preservar los documentos relacionados con el procedimiento.
La medida es provisional: no determina todavía si las obras deben regresar a las salas de exposición. Esa cuestión dependerá de las decisiones que se adopten durante el trámite de la tutela.
La controversia deja abiertas preguntas sobre los procedimientos para modificar exposiciones de carácter histórico y sobre las garantías necesarias para preservar tanto los objetos como las memorias que representan.