¡Justicia para Nicky\! Imputan a mujer señalada de matar a tiros al perro que conmocionó a Valledupar

El caso de ‘Nicky’, un perro de raza french poodle cuya muerte provocó indignación y rechazo entre ciudadanos y defensores de los animales en Valledupar y otras regiones del país, registró un avance judicial. La Fiscalía imputó el delito de muerte de animal agravada a Yulieth Cecilia Pérez Escobar, de 40 años, señalada de causar la muerte del canino y de lesionar a otros dos perros.
La diligencia se realizó este miércoles 18 de noviembre ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar, con funciones de control de garantías, donde la Fiscalía Cuarta Local de Chiriguaná presentó los elementos de la investigación.
De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, los hechos ocurrieron los días 8, 10 y 11 de agosto de 2026 en la urbanización Don Miguel, al noroccidente de Valledupar. La mujer presuntamente habría reaccionado de manera violenta por la presencia de varios perros que llegaban hasta las afueras de su residencia, atraídos por una perra de su propiedad que se encontraba en celo.
Según lo expuesto durante la audiencia, la procesada habría accionado en dos oportunidades un arma traumática contra ‘Nicky’. Uno de los proyectiles impactó una de sus patas y quedó alojado en su cuerpo, lesión que posteriormente habría ocasionado su muerte. En medio de los hechos también resultaron heridos los perros ‘Valentino’ y ‘Copito’.
Durante la diligencia judicial, Pérez Escobar no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Además, se conoció que no se encuentra privada de la libertad y deberá continuar respondiendo ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.
El caso generó una fuerte reacción ciudadana y reavivó el llamado de organizaciones animalistas y habitantes de Valledupar para que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de los animales.
La investigación se desarrolla en el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortaleció las disposiciones legales contra el maltrato animal.
La responsabilidad penal de la procesada deberá establecerse durante el desarrollo del proceso judicial, bajo el principio de presunción de inocencia.
