Más tecnología y fuerza pública para el sur del Cesar: Gobierno define nuevas medidas de seguridad
Nuevas inversiones en tecnología, mayor presencia de la Fuerza Pública y acciones contra el hurto de hidrocarburos hacen parte de las medidas definidas durante un consejo de seguridad realizado en Aguachica.
Aguachica fue escenario de una reunión entre autoridades nacionales, departamentales y municipales en la que se definieron nuevas acciones para enfrentar las condiciones de seguridad que afectan al sur del Cesar y su conexión con territorios de Bolívar y Norte de Santander.
El encuentro, realizado en el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento Juncal, reunió a los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora Rangel, y del Interior, Rodrigo Lara Restrepo; la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila; altos mandos militares y de Policía, representantes de la Fiscalía y mandatarios locales.
Uno de los anuncios centrales es la estructuración de un proyecto de seguridad tecnológica por cerca de 30.000 millones de pesos, que contempla la instalación e integración de cámaras, un centro de comando y control y otros sistemas de monitoreo para los municipios ubicados en corredores considerados estratégicos.
La Gobernación del Cesar anunció una participación de 6.000 millones de pesos en esta iniciativa.
El componente tecnológico también incluirá herramientas para enfrentar el uso de drones. De acuerdo con lo informado durante la jornada, el Ejército Nacional confirmó la llegada de 10 pistolas antidrones al departamento.
Intervenciones en estaciones de Policía
La infraestructura de las estaciones de Policía fue otro de los asuntos priorizados. La Gobernación informó que ha destinado alrededor de 2.000 millones de pesos para apoyar a los municipios en obras relacionadas con la seguridad de estas instalaciones.
Entre las intervenciones que serán revisadas se encuentran las estaciones de San Roque, La Mata y El Burro, además de la evaluación de la situación de Palenquillo.
También se acordó avanzar en los proyectos para construir subestaciones de Policía en La Mata, en La Gloria; Palenquillo, en Gamarra; El Burro, en Pailitas, y San Roque, en Curumaní.
La gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila planteó durante la reunión la necesidad de pasar de los diagnósticos a la ejecución de medidas concretas frente a las dificultades de seguridad que enfrenta la región.
Control a los corredores y economías ilícitas
El despliegue de la Fuerza Pública se concentrará también en los corredores que conectan el sur de Bolívar, el sur del Cesar y el Catatumbo.
El Ministerio de Defensa informó que fueron designados dos oficiales para orientar y coordinar el componente militar y policial de la campaña rural que se desarrollará en el sur del Cesar y el occidente de Norte de Santander.
Las autoridades también plantearon fortalecer las capacidades de inteligencia mediante mecanismos de coordinación entre departamentos, radios satelitales y herramientas técnicas compartidas.
En este mismo frente se pidió avanzar en la puesta en funcionamiento del Batallón Móvil de Alta Montaña para Río de Oro.
Otro de los objetivos será reducir el hurto de hidrocarburos y proteger la infraestructura del poliducto. Para ello se reforzarán los controles en el corredor comprendido entre Tamalameque y Ocaña, una zona identificada por las autoridades como estratégica para enfrentar esta actividad ilícita.
Fiscalía prepara plan de choque
La respuesta institucional también tendrá un componente judicial. La Fiscalía y la Fuerza Pública acordaron poner en marcha un plan de choque para Aguachica y municipios de su área de influencia, con participación de fiscales especializados.
Además, se anunció la presencia de un fiscal EDA en el Puesto de Mando de la campaña Urano, que operará en Valledupar, con el propósito de fortalecer las investigaciones y acelerar los procesos de judicialización.
Por su parte, el ministro del Interior anunció que el Gobierno trabajará en un estatuto antiterrorista y que se fortalecerán los recursos de Fonsecon para financiar proyectos relacionados con seguridad.
El consejo también dejó como tarea la revisión de las medidas de protección para los alcaldes de San Alberto y Gamarra, en Cesar, y Cáchira, en Norte de Santander.
Las autoridades insistieron en que la respuesta deberá mantenerse de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones de seguridad y justicia, teniendo en cuenta que las dinámicas delictivas que afectan esta zona no se circunscriben a los límites de un solo municipio o departamento.
